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El sector agroalimentario reivindica su importancia y pide flexibilidad y justicia fiscal

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El sector agroalimentario resalta la labor desarrollada durante la pandemia así como su importancia y por ello pide al Gobierno seguridad jurídica, flexibilidad y una política fiscal inteligente, entre otras medidas, para impulsar la economía. El sector ha mostrado sus cifras económicas así como sus peticiones a través de diferentes representantes del sector en la mesa sobre agroalimentación celebrada durante la Cumbre Empresarial de la CEOE que se desarrolla del 15 al 25 de junio, esta vez, de forma digital.

Este sector no ha parado su actividad en estos meses, al haberse considerado como una actividad esencial desde el inicio de la crisis sanitaria, dando tranquilidad a los ciudadanos o como lo definía el presidente de ASAJA, Pedro Barato, “serenidad alimentaria”, pues toda la cadena ha funcionado, tanto productores, industria como distribución de un sector que califica como “estratégico” y con un “modelo productivo muy potente”. Y aportaba un dato sobre esta pandemia: “el 96% de los productos que consumen los españoles ha estado disponible en los lineales”. Además, esta continuidad ha generado confianza, que Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente de Calidad Pascual, definía como “la moneda de cambio de la economía ahora mismo”. Por su parte, Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes, afirmaba en este sentido: “Los políticos deberían reflexionar sobre el papel que tiene la industria agroalimentaria porque es una base fundamental para el crecimiento y desarrollo en la actualidad”.

El sector agroalimentario español supone el 9,2 del PIB nacional, con más de 2,5 millones de empleos directos, con una actividad exportadora que se traduce en más de 50 mil millones de euros (17% del total de España). A pesar de su incesante actividad, la agroalimentación se ha visto afectada de forma desigual por la caída de otros sectores como la hostelería y el turismo, o la ralentización de las exportaciones, y se verá irremediablemente afectada por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.

 

Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes: «Los políticos deberían reflexionar sobre el papel que tiene la industria agroalimentaria porque es una base fundamental para el crecimiento y desarrollo en la actualidad”.

 

Por todo ello, los empresarios del sector agroalimentario solicitan al Gobierno que los escuchen, para poder solucionar los problemas de cada una de las actividades, que las medidas que tomen sean para dar flexibilidad a las empresas, generar actividad, recomponer el tejido productivo, y con ello promover el empleo. “Debemos tener objetivos comunes pero que luego dejen a cada uno desarrollar conforme a sus particularidades” explicaba Pascual Gómez-Cuétara. “Estamos dispuesto a una reforma fiscal justa pero no de confiscación, que contribuya al desarrollo del tejido industrial. Generar más actividad es bueno para la ciudadanía en general. El Gobierno debería ser sensible a hacer una política fiscal inteligente, no sólo distributiva”, exponía Antonio Hernández Callejas, presidente de Ebro Foods.

Por su parte, Paulo Soares, presidente de Campofrío, expresaba: “Nuestra prioridad, que también debe ser la del Gobierno, es que las marcas puedan liderar el proceso, que somos las que damos confianza, buscar soluciones para cumplir con nuestro rol social, que es aportar valor añadido a lo que hacemos, con flexibilidad, y bajo responsabilidad social.

Además, ante la improvisación y los cambios posteriores sobre decisiones tomadas desde el Gobierno, Ignacio Osborne, presidente del Grupo Osborne y del Foro Marcas Renombradas, advertía: “Antes de sacar tanta legislación hay que escuchar a la empresa privada porque las modificaciones generan desprestigio de España en el contexto internacional”.

Por tanto, la crisis de la covid-19 ha puesto sobre la mesa problemas previos que hay que resolver para salir reforzados: la necesidad de reforzar y mejorar la imagen en el exterior, apoyar las exportaciones, fomentar el consumo interno de productos agroalimentarios nacionales o el aumento en casos como el vino y el pescado, apostar por la I+D+i o la retención de talento en el territorio para evitar despoblación rural, entre otras.

 

Pedro Barato, presidente de ASAJA: «Que los políticos nos dejen trabajar y que hagan lo que tienen que hacer que es defender el sector en los foros donde hay dinero y donde puede haber soluciones”.

 

Además de los problemas previos, el confinamiento ha puesto de relieve otras carencias como la digitalización, no sólo de cara al cliente con el desarrollo de comercio electrónico, o la flexibilidad que puede ofrecer el teletrabajo en ciertos casos, sino a nivel estructural, pues es necesario completar la red de comunicación también en zonas rurales, que se han visto incomunicadas, como pedía Carlos Moro, presidente de Matarromera.

Desde el sector agrario, el presidente de ASAJA, recalcaba que “el sector agrario no necesita más alarmas, diciendo que tenemos esclavitud, o diciendo que no se pueden consumir productos de determinadas zonas. Que los políticos nos dejen trabajar y que hagan lo que tienen que hacer que es defender el sector en los foros donde hay dinero y donde puede haber soluciones”.

En esta línea, también se reclamaba desde diversos sectores que se apliquen las mismas normativas a los productos extracomunitarios que a los comunitarios, pues los europeos en muchas ocasiones tienen que cumplir normativas muy exigentes en términos medioambientales y sociales, con el incremento de costes que supone, para luego competir con productos de fuera de la comunidad económica de menor precio a los que no se les piden los mismos criterios.

Foto: David Mudarra©

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