Un estudio en California revela que la regulación añade casi 24 dólares al coste de cada caja de vino producida
La creciente carga normativa se ha convertido en uno de los principales desafíos para la rentabilidad de las bodegas, al menos en California. Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por investigadores de Cal Poly (California Polytechnic State University) y encargado por la Napa County Farm Bureau, que concluye que una pequeña bodega del condado de Napa destina cerca de 24 dólares por cada caja de vino únicamente a cumplir con las obligaciones regulatorias impuestas por las distintas administraciones.
El informe, publicado el pasado mes de julio, constituye la segunda parte de un trabajo destinado a cuantificar el impacto económico de la regulación sobre el sector vitivinícola. Mientras la primera entrega analizaba los costes que soportan los viñedos, esta nueva investigación se centra en una bodega de Napa con una producción aproximada de 8.500 cajas anuales y ventas directas al consumidor.
Los autores, los profesores Lynn Hamilton y Michael McCullough, subrayan que se trata de un estudio de caso, por lo que sus resultados no deben extrapolarse automáticamente a todas las bodegas californianas. Sin embargo, consideran que representa una primera referencia para medir el peso económico de la regulación en la producción y comercialización del vino.
La regulación supone el 17,5 % de los costes de producción
Según el estudio, la bodega analizada destina 115.874 dólares anuales al cumplimiento de la normativa relacionada con la producción de vino, lo que equivale a 13,44 dólares por caja, cerca del 10 % del coste total de elaboración.
Cuando se incorporan además las obligaciones derivadas de la venta directa al consumidor —especialmente los envíos a diferentes estados de Estados Unidos— el coste regulatorio asciende hasta 203.832 dólares al año, es decir, 23,65 dólares por caja, lo que representa aproximadamente el 17,5 % del coste de producción.
La normativa laboral concentra el mayor gasto
El mayor desembolso corresponde a la legislación laboral. Seguros obligatorios, bajas retribuidas, planes de ahorro para los trabajadores y la gestión administrativa asociada representan la partida más importante del coste regulatorio.
En segundo lugar aparecen las obligaciones relacionadas con el agua. Los controles de calidad, las analíticas, los informes exigidos por la administración y la adaptación de las infraestructuras hidráulicas generan un gasto muy significativo para la bodega estudiada.
El tercer bloque corresponde a la propia regulación del sector vitivinícola, con licencias estatales y federales, impuestos especiales, declaraciones periódicas y requisitos documentales que afectan específicamente a la elaboración de bebidas alcohólicas.
A ello se suman otras obligaciones relacionadas con seguridad alimentaria, materiales peligrosos, reciclaje, inspecciones técnicas, permisos locales o programas de control sanitario del viñedo.
Comercializar el vino también tiene un elevado coste administrativo
El estudio pone de relieve que vender vino directamente al consumidor también implica una importante carga burocrática. Gran parte de estos costes procede del software necesario para gestionar la fiscalidad y el cumplimiento normativo en los distintos estados estadounidenses, así como de los registros obligatorios, las declaraciones fiscales, los impuestos especiales y las exigencias de accesibilidad de las páginas web.
Los investigadores señalan que una bodega que comercializase únicamente dentro de California tendría previsiblemente unos costes regulatorios inferiores.
Un debate que también afecta al sector europeo
Aunque el estudio se refiere exclusivamente a una bodega del condado de Napa, abre un debate que trasciende las fronteras de Estados Unidos.
En Europa y también en España, las bodegas afrontan un incremento continuo de obligaciones relacionadas con la sostenibilidad, la gestión del agua, los envases, la trazabilidad, la información al consumidor o la digitalización administrativa.
El reto consiste en compatibilizar unos elevados estándares de calidad, seguridad y protección medioambiental con la viabilidad económica de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas bodegas, que disponen de menos recursos para afrontar una burocracia cada vez más compleja.
Todo ello llega, además, en un momento especialmente delicado para el vino, marcado por un descenso del consumo en numerosos mercados, mayores costes de producción y una creciente incertidumbre sobre la evolución del sector.
Redacción La Gaceta del Vino
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