Control del alcohol extraído en la desalcoholización del vino: Un riesgo fiscal con graves consecuencias

La creciente demanda de vinos con bajo o nulo contenido alcohólico está transformando el sector vitivinícola. Sin embargo, este proceso industrial, conocido como desalcoholización, esconde una compleja realidad fiscal que, si no se gestiona adecuadamente, puede derivar en sanciones muy graves impuestas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a través del control de Aduanas e Impuestos Especiales

La desalcoholización como proceso controlado

La desalcoholización consiste en extraer el alcohol del vino mediante técnicas como la ósmosis inversa o la evaporación al vacío. Este proceso, autorizado por la normativa europea desde 2021, se ha integrado formalmente en las prácticas enológicas permitidas. El desafío técnico es significativo, ya que la eliminación del alcohol impacta en las características organolépticas del producto.

Sin embargo, el verdadero desafío para el bodeguero no es solo enológico, sino también fiscal.

El rol de Aduanas: Un control estricto

La clave del control fiscal reside en que el proceso de desalcoholización, al extraer alcohol del vino, genera lo que el Reglamento de Impuestos Especiales denomina una «fabricación residual de alcohol». Según el artículo 56 bis de este Reglamento:

«Cuando, como consecuencia de las operaciones de desalcoholización de la cerveza, vino u otras bebidas fermentadas y productos intermedios, se obtuviere residualmente alcohol, tal circunstancia deberá ser previamente autorizada por la oficina gestora, a solicitud de los interesados, y previo informe de los servicios de intervención».

Esta autorización previa es fundamental. El proceso se considera una fabricación de alcohol en un establecimiento destinado a otros productos, lo que lo somete al control de Aduanas. La normativa excluye la desalcoholización total del producto, que requeriría una fábrica de alcohol autorizada.

Obligaciones y riesgos de incumplimiento

Para garantizar el control fiscal, el proceso conlleva estrictas obligaciones:

1. Solicitud y memoria técnica: El interesado debe solicitar autorización a la oficina gestora, acompañada de una memoria técnica detallada de los procesos e instalaciones.
2. Contabilidad específica: Además de los libros de contabilidad ordinarios, se debe llevar un «libro de desalcoholización» donde consten las cantidades puestas en producción y las obtenidas.
3. Justificación del destino: El alcohol obtenido debe ser destruido, reutilizado como materia prima, o salir del establecimiento con un destino justificado (ej. gestor de residuos), siempre bajo control.

El incumplimiento de estas obligaciones tiene consecuencias severas:

· Sanciones económicas: El impago o la incorrecta declaración de los impuestos especiales derivados de este alcohol residual puede resultar en fuertes multas. Los impuestos especiales sobre el alcohol se calculan en función de la cantidad y el grado alcohólico, por lo que un error en la contabilidad puede ser muy costoso.
· Sanciones penales: El incumplimiento reiterado o el fraude pueden derivar en sanciones penales, afectando no solo a la bodega sino a sus administradores.

Responsabilidad compartida: Bodega y empresa desalcoholizadora

Uno de los aspectos más críticos y que a menudo se pasa por alto es que la responsabilidad frente a Hacienda no recae únicamente sobre la bodega. La empresa externa que realiza el servicio de desalcoholización también es corresponsable en la cadena de control fiscal.

Responsabilidad de la bodega

La bodega es la titular del establecimiento donde se obtiene el alcohol residual. Por tanto, es quien debe solicitar la autorización previa a la oficina gestora y llevar una contabilidad meticulosa de las cantidades producidas y su destino. La bodega es el sujeto pasivo principal ante Aduanas y, en última instancia, la responsable de que todo el proceso esté correctamente documentado y declarado.

Responsabilidad de la empresa desalcoholizadora

Aunque la empresa externa no sea la titular del establecimiento, su operativa está bajo la lupa de Aduanas. Si el proceso no es riguroso, si no se cuantifica correctamente el alcohol extraído, o si no se justifica su destino final, se generan falsedades documentales que afectan directamente a la liquidación de impuestos de la bodega. La empresa es, por tanto, un eslabón esencial en la cadena de control y no puede desvincularse de las consecuencias de una mala praxis.

Consecuencias para ambas partes

Si la inspección detecta irregularidades, las consecuencias son severas para ambas:

· Para la bodega: Riesgo de sanciones económicas por el impuesto especial no declarado, y en casos graves, responsabilidad penal que puede afectar a sus administradores, sin que ello excluya la responsabilidad de la sociedad.
· Para la empresa desalcoholizadora: Su reputación y viabilidad quedan dañadas. Sería considerada un eslabón en el fraude fiscal, con potenciales sanciones accesorias e inhabilitaciones si se demuestra negligencia o complicidad.

La clave: Un contrato que lo contemple

Para protegerse mutuamente, es esencial que la colaboración entre bodega y empresa desalcoholizadora se formalice con un contrato que incluya:

· Cláusulas de cumplimiento normativo: Compromiso de la empresa a operar bajo la estricta legalidad de impuestos especiales.
· Responsabilidad por daños: Aceptación de la empresa de su responsabilidad si sus errores causan una sanción a la bodega.
· Auditoría interna: Establecer controles conjuntos para verificar la trazabilidad del alcohol extraído.
· Indemnización: Posibilidad de que la bodega exija compensación si la negligencia de la empresa le genera una sanción.

Un riesgo real que exige cumplimiento y coordinación

La desalcoholización del vino, aunque una oportunidad de mercado, es un proceso altamente regulado. Aduanas, como agencia de la AEAT, ejerce un control riguroso sobre el alcohol extraído para garantizar que no se desvíe del circuito fiscal y que se paguen los impuestos correspondientes.

Subestimar esta obligación es un grave error. Las bodegas que se aventuren en la producción de vinos desalcoholizados deben, como primer paso, solicitar la preceptiva autorización, establecer una contabilidad meticulosa y cumplir estrictamente con la normativa. Pero además, deben ser conscientes de que la responsabilidad es compartida con la empresa que realiza el servicio, y que externalizar el proceso no diluye las obligaciones fiscales, sino que las gestiona en común.

El desconocimiento no exime de responsabilidad, y las consecuencias de una inspección pueden ser devastadoras para el negocio. La coordinación, la transparencia y un contrato bien redactado son las mejores herramientas para navegar con seguridad en este complejo escenario regulatorio.

Redacción

Redacción La Gaceta del Vino