Bruselas regula las ayudas nacionales de crisis para el sector vitivinícola
Destilación, cosecha en verde y arranque de viñedos podrán recibir financiación nacional cuando los Estados acrediten situaciones de crisis
La Comisión Europea ha concretado las reglas para que los Estados miembros puedan utilizar recursos de sus propios presupuestos para afrontar situaciones de crisis en el sector vitivinícola. El Reglamento Delegado (UE) 2026/2093, adoptado el pasado 10 de julio y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de septiembre, establece las condiciones para autorizar pagos nacionales destinados a la destilación de vino, la cosecha en verde y el arranque voluntario de viñedos productivos. La norma está en vigor desde el 17 de septiembre y es directamente aplicable en todos los Estados miembros.
La primera cuestión que conviene aclarar es que Bruselas no ha creado una nueva línea de ayudas europeas. El dinero tendrá que salir de los presupuestos nacionales y será necesaria la aprobación previa de la Comisión Europea. El nuevo reglamento establece, precisamente, qué circunstancias deberán acreditar los Estados para justificar esa intervención y cómo deberán calcularse los importes máximos.
Para los problemas de exceso de oferta coyuntural, las herramientas previstas son la destilación y la cosecha en verde. Un Estado podrá solicitar autorización cuando pueda demostrar, entre otros factores, un incremento sustancial de las existencias respecto a las cinco campañas anteriores, una caída significativa de los precios medios de producción durante los seis meses anteriores o un descenso importante de las ventas acumuladas frente a la media de las cinco campañas precedentes. Las medidas podrán aplicarse a escala nacional o regional y dirigirse a determinadas categorías y colores de vino.
El reglamento fija también los límites económicos. En la cosecha en verde, el pago podrá cubrir los costes directos de retirada o destrucción de la uva, una compensación de hasta el 50% del valor medio de la producción y un incentivo adicional de hasta el 20% sobre la suma de ambos conceptos. En la destilación, el límite se calcula a partir de los costes de destilar, una compensación de hasta el 50% del precio medio de mercado de los seis meses anteriores y un incentivo de hasta el 20%.
Más relevante desde el punto de vista estructural es la posibilidad de financiar el arranque voluntario de viñedos productivos. Aquí Bruselas diferencia claramente entre un excedente temporal y un problema de fondo. Para autorizar esta medida, el Estado deberá acreditar un desequilibrio estructural, por ejemplo, cuando la producción haya sido significativamente superior a las ventas en al menos tres de las cinco campañas anteriores, cuando se hayan producido situaciones de crisis en al menos tres de esas cinco campañas o cuando se haya registrado una disminución sustancial de la rentabilidad media por hectárea durante los diez años anteriores.
El planteamiento supone un cambio interesante porque Bruselas reconoce que no todos los problemas del viñedo pueden resolverse con medidas coyunturales. Retirar vino del mercado o evitar una parte de la producción puede servir ante un exceso puntual, pero cuando existe un desequilibrio persistente entre oferta y demanda la respuesta prevista es diferente: reducir de manera permanente el potencial productivo. En este último caso, además, el reglamento establece condiciones específicas para los viñedos que puedan acogerse al arranque y excluye, entre otros, determinadas superficies que hayan recibido ayudas recientes de reestructuración y reconversión.
La pelota queda ahora en el tejado de los Estados miembros. El reglamento no obliga a conceder ayudas ni asigna una cantidad determinada a cada país; proporciona el marco jurídico para que puedan solicitar autorización cuando existan datos suficientes que demuestren una situación de crisis. Para España, uno de los principales productores de vino de la Unión Europea, la nueva regulación abre una herramienta que podría resultar especialmente relevante en determinadas zonas y categorías de vino si las administraciones consideran que se cumplen los criterios establecidos por Bruselas. La cuestión ya no es si existe el mecanismo, sino si los Estados estarán dispuestos a poner dinero nacional sobre la mesa para utilizarlo.
Redacción La Gaceta del Vino
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