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La DO Cava, contra la sentencia que permite a Extremadura más plantaciones

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La DO Cava se muestra contraria, y probablemente recurrirá, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que permite a Extremadura saltarse el tope del incremento de hectáreas en la DO en un 0,52%, hasta las 172,2, correspondiente al ejercicio 2018. Esta sentencia anula la resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que establecía una autorización de 57,4 hectáreas de nuevas plantaciones, otras 57,4 hectáreas de replantaciones y otra cantidad similar de conversión de derechos en autorizaciones.

Esta sentencia parte de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Extremadura. La sentencia, de entrada, no comporta la liberalización automática de entrada de nuevas hectáreas, ya que hace alusión únicamente al acto de 2018, pero deja la puerta abierta a posteriores actuaciones. En la misma se indica que no se respetó el necesario acuerdo entre las partes para que el Ministerio dictara esa resolución.

El pleno de la DO tiene previsto estudiar el posible recurso contra una sentencia que ha dictado un tribunal madrileño al ser Cava una denominación que abarca diversas Comunidades Autónomas, tal como ocurre con otras como La Rioja o Jumilla.

La DO Cava ampara en estos momentos un total de 38.000 hectáreas, de las que el 82% se ubican en Cataluña, mientras el resto se lo reparten entre Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, La Rioja, País Vasco y Castilla y León. Cuenta con un total de 6.800 viticultores y 380 bodegas.

Se da la paradoja, según datos de la COAG, que el mayor incremento de hectáreas en 2018 correspondió a Valencia con 714 hectáreas, seguida de Barcelona con 418 hectáreas, Tarragona con 236 hectáreas, Lleida con 125 hectáreas, Badajoz con 119 hectáreas y Girona, con 11 hectáreas. La mayor parte, por tanto, fue para Cataluña con 790 hectáreas, por 714 hectáreas de Valencia y solo 119 de Badajoz, provincia ubicada en Extremadura, que fue la que interpuso el recurso.

La DO Cava vive momentos convulsos desde que un grupo de vitivinicultores históricos como Gramona, Albet i Noya y Recaredo decidieron dejar su marco y apostar por una figura privada de calidad denominada Corpinnat, además de intentar continuar, en algún caso, dentro de la DO Penedés.

Por otra parte, las dos empresas de mayor envergadura dentro de la DO, Freixenet y Codorníu, dejaron de ser mayoritariamente catalanas para responder a la voz de sus nuevos propietarios. En el caso de la primera, la alemana Henkell y en el caso de la segunda, el fondo de inversión norteamericano Carlyle.

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