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La reducción de las ayudas a la promoción del vino reabre el debate sobre el apoyo institucional al sector

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La Federación Española del Vino critica la vuelta al límite del 50% de financiación pública y advierte de que la medida llega en un momento de debilidad del comercio exterior y creciente competencia internacional

La decisión de rebajar nuevamente la intensidad máxima de las ayudas destinadas a la promoción del vino ha generado un fuerte malestar entre las bodegas españolas. La Federación Española del Vino (FEV) considera que la marcha atrás aprobada en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural supone un paso en la dirección contraria a las necesidades actuales del sector, que atraviesa una etapa marcada por la ralentización de las ventas y la incertidumbre en numerosos mercados internacionales.

El acuerdo, adoptado el pasado 7 de julio, deja sin efecto el incremento del apoyo público del 50% al 60% que había sido aprobado apenas unos meses antes. La modificación salió adelante tras la impugnación del acuerdo inicial por parte de La Rioja y el respaldo de diez comunidades autónomas a la vuelta del porcentaje anterior, mientras otras ocho defendieron mantener el incremento.
Desde la organización que representa a las bodegas españolas se insiste en que la promoción exterior constituye una de las principales herramientas para mantener la competitividad del vino nacional, especialmente en un contexto de descenso del consumo en algunos mercados tradicionales, tensiones comerciales y aumento de los costes de producción.

La FEV sostiene que reducir el respaldo económico a estas actuaciones puede limitar la capacidad de muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas bodegas, para consolidar su presencia internacional o acceder a nuevos destinos comerciales. La organización recuerda, además, que el incremento al 60% ya había sido aprobado con anterioridad e incluso algunas administraciones habían comenzado a tramitar resoluciones de ayuda bajo ese nuevo porcentaje, circunstancia que introduce incertidumbre entre las empresas que habían planificado sus inversiones.

Otro de los aspectos que preocupa al sector es el cambio de orientación que algunas administraciones autonómicas parecen estar impulsando en la utilización de los fondos europeos. Frente al refuerzo de las acciones de comercialización, parte de los recursos podrían destinarse a medidas relacionadas con el arranque de viñedo o la reducción del potencial productivo.
Para la Federación Española del Vino, ambas líneas de actuación pueden resultar compatibles, pero considera que el contexto actual exige priorizar aquellas políticas que permitan aumentar el valor añadido del vino español y mejorar su posicionamiento en los mercados. En su opinión, el reto no pasa únicamente por ajustar la oferta, sino por generar más demanda y fortalecer la capacidad comercial de las bodegas.

La organización también reclama una simplificación de los procedimientos administrativos vinculados a estas ayudas. Según traslada el sector, la complejidad de la tramitación y de la posterior justificación provoca que un número creciente de empresas renuncie a solicitar unas subvenciones concebidas precisamente para impulsar su internacionalización.
La decisión llega, además, en un momento en el que las instituciones europeas han trasladado la necesidad de reforzar las herramientas de apoyo al sector vitivinícola dentro del denominado “Paquete Vino”, que apuesta por mejorar la competitividad de las empresas y facilitar su adaptación a un escenario cada vez más exigente.
Para las bodegas, el debate trasciende el porcentaje de financiación. La cuestión de fondo es determinar qué modelo de apoyo público necesita el vino español para afrontar los próximos años: uno centrado en reducir capacidad productiva o otro que priorice la promoción, la apertura de mercados y la generación de valor en origen. La FEV defiende claramente esta segunda vía y pide a las administraciones que reconsideren una decisión que, a su juicio, puede restar competitividad a un sector estratégico para la economía rural española.

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