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El Supremo de Estados Unidos evita una decisión nacional sobre el envío de vino entre estados

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El alto tribunal rechaza revisar el caso de Ohio, donde una sentencia federal ha declarado inconstitucionales las restricciones que favorecían a las tiendas locales. La decisión mantiene abierto el conflicto jurídico sobre la venta de vino por internet y la competencia entre comercios de distintos estados.

 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido no revisar el litigio sobre las restricciones de Ohio al envío de vino desde establecimientos minoristas de otros estados. La resolución, fechada el 13 de octubre, deja en vigor la sentencia dictada en mayo por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, que consideró inconstitucionales las normas que impedían a las tiendas de vino de fuera del estado enviar directamente sus productos a los consumidores de Ohio.

La decisión supone una victoria para los consumidores que desean acceder a una oferta más amplia de vinos y para los establecimientos especializados que buscan vender fuera de su mercado local. Sin embargo, no establece una regla aplicable automáticamente a todo el país. Al rechazar el recurso, el Supremo deja sin resolver la discrepancia entre los distintos tribunales federales sobre los límites de la capacidad de los estados para regular el comercio de bebidas alcohólicas.

La cuestión tiene especial relevancia debido a las diferencias normativas entre estados y al crecimiento del comercio electrónico de vino.

Una victoria judicial que no resuelve el problema nacional

El caso enfrentaba al estado de Ohio con Kenneth Miller, un consumidor que quería comprar vino a establecimientos minoristas de otros estados, y House of Glunz, una tienda de vinos de Chicago interesada en vender sus productos a clientes de Ohio. La normativa permitía los envíos de vino por parte de comercios de Ohio, pero los prohibía a minoristas de otros estados.

El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito les dio la razón el 6 de mayo de 2026. La sentencia concluyó que las restricciones impugnadas vulneraban la cláusula constitucional sobre comercio interestatal al discriminar entre operadores locales y foráneos sin una justificación suficiente. Ohio decidió recurrir ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha rechazado admitir el caso a trámite. El Supremo no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto; únicamente ha decidido no revisar la sentencia del Sexto Circuito.

Ohio tendrá que revisar su legislación

La sentencia de mayo no se limitó al envío de vino por parte de tiendas minoristas. También cuestionó una norma de Ohio que restringía la cantidad de vino adquirido fuera del estado que un particular podía transportar. En concreto, la legislación permitía trasladar hasta 4,5 litros —equivalentes a seis botellas de 75 centilitros— comprados fuera de Ohio durante un periodo de 30 días. En cambio, autorizaba transportar hasta 288 botellas adquiridas a vendedores del propio estado.

El tribunal consideró que esta diferencia entre el vino comprado dentro y fuera de Ohio suponía un trato discriminatorio que el estado no había justificado suficientemente. Tras la decisión del Supremo, Ohio deberá adaptar su legislación para cumplir la sentencia.

La repercusión también podría alcanzar a Michigan y Kentucky, otros dos estados incluidos en el Sexto Circuito, aunque el efecto concreto dependerá de sus respectivas legislaciones. Tennessee, el cuarto estado de este circuito, presenta una situación diferente, ya que su normativa no permite estos envíos minoristas ni a los comercios locales ni a los de fuera.

El conflicto entre la regulación del alcohol y la libre competencia

El fondo del litigio refleja una tensión histórica en la legislación estadounidense: la relación entre la Vigesimoprimera Enmienda de la Constitución, que puso fin a la prohibición nacional del alcohol y reconoce facultades regulatorias a los estados, y la cláusula de comercio interestatal, que limita las barreras discriminatorias al comercio entre territorios.

La regulación estadounidense se apoya habitualmente en el denominado sistema de tres niveles, que separa a productores, distribuidores mayoristas y minoristas. Su aplicación, sin embargo, presenta diferencias entre estados y ha sido objeto de numerosos litigios, especialmente desde la expansión de la venta directa y del comercio electrónico.

Otros fallos del Supremo, como Granholm contra Heald (2005) y Tennessee Wine (2019), ya habían limitado la capacidad de los estados para discriminar a operadores de otros territorios.

No obstante, estos precedentes no han eliminado todas las diferencias normativas. Los estados han seguido defendiendo distintas interpretaciones de sus competencias, y los tribunales federales no siempre han llegado a las mismas conclusiones sobre las restricciones aplicables a los minoristas. La decisión sobre Ohio mantiene precisamente esa falta de uniformidad.

¿Qué cambia para el consumidor estadounidense?

La decisión afecta especialmente a los consumidores interesados en vinos de producción limitada o difíciles de encontrar en su mercado local. El envío directo desde bodegas y el envío desde establecimientos minoristas son, sin embargo, dos cuestiones distintas. La sentencia de Ohio se refiere a las restricciones impuestas a los minoristas de otros estados y al transporte particular de vino; no elimina ni modifica por sí misma el régimen de envío directo de las bodegas a los consumidores.

Esta distinción es relevante para el sector: que una bodega pueda enviar sus vinos a un cliente de otro estado no significa necesariamente que una tienda especializada pueda hacer lo mismo. La falta de una respuesta nacional del Supremo obliga a seguir examinando la normativa de cada estado y las decisiones judiciales que puedan producirse en otras jurisdicciones.

Una cuestión pendiente para el mercado del vino

La Asociación Nacional de Minoristas de Vino de Estados Unidos ha lamentado que el Supremo no haya aprovechado el caso para aclarar las diferencias entre los tribunales federales. Su director ejecutivo, Tom Wark, ha señalado que la organización continuará impugnando las normas que considera discriminatorias y proteccionistas.

La posición de los minoristas pone de relieve una cuestión económica que trasciende el litigio concreto: las restricciones territoriales pueden limitar el alcance comercial de las tiendas especializadas, dificultar el acceso de los consumidores a determinadas referencias y reducir las posibilidades de competir mediante una oferta diferenciada.

La decisión mantiene abierta la incertidumbre jurídica sobre el envío interestatal de vino. Aunque supone una victoria para consumidores y minoristas de Ohio, no crea una norma aplicable a todo Estados Unidos y deja pendiente una futura unificación de criterios.

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