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El sabotaje le tocó a Torres ¿y quién será el siguiente?

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La decisión de transparencia de Torres en el caso Noruego ha sido ejemplar y bien merece que la sociedad así se lo reconozca

La última semana de mayo nos sorprendía la noticia de que un prestigioso jurista noruego de 59 años había caído en coma tras beber un sorbo de del vino “San Valentín” 2005, un vino blanco semiseco elaborado por la firma española Bodegas Torres, en su domicilio de Arendal, tras un viaje a la vecina Suecia, que rápidamente se hizo eco de la noticia, con el consiguiente desprestigio para la marca catalana.

Aunque, desde el inicio, todo apuntaba a una adulteración del vino con propósito criminal, ya sea contra el consumidor o contra la marca, lo cierto es que la policía, como medida precautoria, dio el nombre del vino y pidió que no se consumiera. Desde la empresa en España se realizó la retirada inmediata de toda la partida, aunque estaban completamente seguros de que no tenían responsabilidad alguna en los restos de cianuro que contenía la botella.

Al final, cuando parece que la víctima se encuentra fuera de peligro, la policía ha arrestado a un sospechoso que había amenazado veladamente al abogado y ha ampliado su acusación a intento de asesinato por lo que ha pedido su ingreso en prisión preventiva.

La empresa española reaccionó con un comportamiento ejemplar que le honra, pese a estar convencida de su inocencia en este asunto. Envió un comunicado de prensa en el que informaba de su decisión de retirar toda la partida de vino por completo, de poner a disposición de las autoridades noruegas todos los informes técnicos que precisaran y de comunicar cualquier eventualidad a la opinión pública.

Esta gestión ejemplar de la crisis no ha servido, sin embargo, para que la empresa sufra un daño económico y de imagen irreparable, a los que se unen los daños morales ocasionados a sus propietarios y técnicos elaboradores de una marca ejemplar.

El prestigioso criminólogo francés Pierre Delval, autor del libro “Le contrefaçon: un crime organizé” (El fraude, un crimen organizado), alerta del peligro que supone el fraude, muchas veces amparado socialmente, para el consumidor y el propietario de la marca. El primero, corre el riesgo de recibir una mercancía diferente a la que cree haber comprado, en el mejor de los casos, y en el peor, su problema puede asemejarse al del ciudadano noruego. El segundo, adquiere el peligro de ver cómo el prestigio de su marca se desmorona y, en el peor de los casos, se asocia con un producto adulterado.

La decisión de la empresa multinacional suiza SICPA, dedicada a la fabricación de tintas de seguridad y de documentos de autentificación, de crear en España el Centro Técnico Operativo del Vino es una noticia de importante calado, que cobra, si cabe, más dimensión tras el desgraciado suceso acaecido a Torres. Los elaboradores de vino necesitan estar seguros de que su marca no es copiada ni adulterada, necesitan tener la certidumbre de que un sabotaje como éste permite localizar la botella en cuestión y demostrar en segundos la inocencia del bodeguero y necesitan, sobre todo, sentirse seguros a la hora de exportar sus vinos a países terceros (China, Rusia…) que han hecho del fraude moneda de cambio en el mundo del vino.

Pero es que, además, un instrumento de este tipo debe servir también como pieza de mercadotecnia de los empresarios vitivinícolas que, de esta forma, pueden asegurar a sus importadores o compradores nacionales una mejor trazabilidad y un mejor control de su producto, de un producto auténtico y genuino que cuesta muchos años de trabajo y desvelos situar para que un desaprensivo o un grupo de desaprensivos lo destruya en segundos para su propio beneficio.

De cualquier forma, la decisión de transparencia de Torres en este caso ha sido ejemplar y bien merece que la sociedad, especialmente la noruega que se ha visto afectada por este desgraciado suceso, así se lo reconozca.

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