El pago de la uva
No hace mucho estábamos hablando de cómo pagar la uva y ahora el problema es cuándo. No salimos de polémicas.
Ya el poner el precio a la uva es un problema, por grado, calidad, rendimiento, etc., todavía no resuelto en muchas zonas de España. El que la compra la tiene que transformar en vino, criarlo –si procede-, vender y cobrar. Todo este proceso lleva sus costes asociados y el riesgo inherente a cualquier negocio. Pero cuando uno es empresario tiene que apechugar con ello.
La Ley de la Cadena Alimentaria, entró en vigor a principios de año y es en plenas vendimias cuando se acuerdan de que hay que hacer contratos y pagar a 30 días. Aquí alguien ha estado corto de previsión. Es cierto que la atomización de la oferta de uva pone en ventaja al industrial bodeguero, pero este anda en la misma coyuntura ante la gran distribución, último eslabón previo al consumidor final, lo que hace que los eslabones de esas cadenas estén siempre en máxima tensión. Y la cosa no ha ido a mejor, lo que no se sabe es si es mejor el remedio que la enfermedad.
Se supone que los agricultores la habrán recibido alborozados o al menos eso parece por las manifestaciones de los sindicatos. Pero hay que pararse a pensar un poco, no sea que la alegría no dure en la casa del pobre. De repente las empresas que compran uva van a pasar de pagar de la forma tradicional –y hay muchas en función de las zonas y de usos- a pagar “martín-martín” a 30 días fecha de descarga. Esto quiere decir que el plan de tesorería de la bodega se va al garete, que gerentes y/o directores financieros se tienen que poner a pedir financiación urgente (y están los bancos como para soltarla) y que los comerciales se tienen que poner a vender ya a contado rabioso o por adelantado.
Ni una cosa ni otra parecen viables. Otra alternativa, en las bodegas que no dispongan de un fondo de maniobra suficiente, será presentar un concurso voluntario de acreedores y ver qué pasa. Pero esto tampoco parece serio ni agradable. No se puede estar entrando y saliendo en concurso permanentemente. Así pues, mal pinta la cosa. De momento hay dos tipos de bodegas: las que pueden cumplir la ley y las que no. A estas últimas se les amenaza con multas imponentes, que al final pueden acabar dejándolas fuera del mercado o seguir operando como granelistas o criadores-embotelladores.
Mala cosa es que desaparezcan operadores ya que se consigue justo lo contrario de cara al viticultor, la bodega que sobreviva estaría en situación de predomino ante ellos, aunque reforzada ante la distribución. Otra alternativa es defenderse con precios bajos, casi simbólicos, y luego ya veremos; malo también para el viticultor.
No parece que haya otra solución que llegar a un acuerdo razonable y aquí sindicatos agrarios y patronal deben hacer un esfuerzo. Quizás sea una gran oportunidad para que la nueva Interprofesional ejerza un liderazgo eficaz y, sin dinamitar la lógica competencia, lleve a una situación de equilibrio sin que el consumidor lo acabe pagando.
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Químico Industrial y Enólogo
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Consultor y enólogo
Enólogo que escribe a ratos sobre los temas de los que sabe algo, o eso creo.
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