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La Organización de Consumidores y Usuarios alerta: el código QR en el vino no garantiza una información clara para el consumidor

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La OCU ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión que afecta directamente a los consumidores de vino: el uso de códigos QR como vía para informar sobre ingredientes y valores nutricionales. Aunque esta práctica se ha generalizado tras los cambios normativos en la Unión Europea, la organización advierte de que no garantiza un acceso sencillo ni transparente a la información.

Desde finales de 2023, el vino está obligado a incluir datos sobre su composición, como ingredientes y calorías, igual que cualquier otro alimento. Sin embargo, a diferencia de otros productos, la legislación permite que esta información no aparezca de forma visible en la etiqueta física, sino que pueda consultarse mediante un código QR.

Para la OCU, esta solución presenta importantes limitaciones. En primer lugar, no todos los consumidores disponen de los medios o habilidades necesarias para escanear estos códigos en el momento de la compra. Además, incluso cuando se accede al contenido digital, la información no siempre está presentada de forma clara, directa o en el idioma adecuado, lo que dificulta su comprensión.

La organización también subraya que esta práctica rompe con el principio de transparencia inmediata que sí se exige a otros alimentos envasados, donde la información nutricional y de ingredientes debe ser visible a simple vista. En el caso del vino, el consumidor se ve obligado a dar un paso adicional que puede resultar incómodo o poco práctico, especialmente en entornos como supermercados o restaurantes.

Por todo ello, la OCU insiste en que el código QR debería ser un complemento, pero no un sustituto de la información esencial en la etiqueta. Reclama que los datos básicos, como el valor energético o la lista de ingredientes, se incluyan de forma clara y accesible en el propio envase, garantizando así el derecho del consumidor a una información completa y comprensible.

Este debate pone de relieve el reto de adaptar la normativa alimentaria a los nuevos formatos digitales sin perjudicar la transparencia ni la accesibilidad, dos pilares fundamentales en la protección de los consumidores.

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