Tan solo se mantiene el Título III, que recoge las funciones y objetivos del IVICAM

María Luisa Soriano afirma que se pone fin a la discriminación a la que el PSOE ha sometido a los viticultores de Castilla-La Mancha 
Critica que el PSOE obligara a arrancar viñedos que la ley consideraba ilegales cuando en otras regiones eran simplemente irregulares

El pleno de las Cortes Regionales ha aprobado hoy la derogación final de la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, que tan solo mantendrá su Título III, en el que se recogen las funciones y objetivos del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM), a la espera de la puesta en marcha del futuro Instituto de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal.
Este ha sido el trámite definitivo que pone fin a una Ley que entró en vigor en el año 2003 y que era la más restrictiva de España, según ha expuesto la consejera de Agricultura del Gobierno regional, María Luisa Soriano, quien ha explicado que a partir de ahora Castilla-La Mancha adecúa el ordenamiento jurídico del sector vitícola a la normativa nacional y europea, incidiendo en que se podrán fijar órdenes o decretos puntuales cuando sea necesario.
Soriano ha expuesto que no tenía sentido mantener una ley regional que no aportaba nada nuevo, y ha destacado que se pone fin a la discriminación a la que el Partido Socialista ha sometido a los viticultores castellano-manchegos.
En este aspecto, ha destacado tres cuestiones especialmente lesivas para el sector, como era el hecho de que viñedos que la normativa española y comunitaria definía como “irregulares” aquí eran considerados “ilegales”, lo que ha obligado a arrancar muchos viñedos con derechos de plantación, “causando daños irreparables a muchas familias de nuestra región”, ha señalado la consejera.

Un segundo punto al que se ha referido han sido las sanciones, excesivas en comparación con el resto de España, lo que ha supuesto un agravio para los viticultores de Castilla-La Mancha, que se han enfrentado a multas de hasta tres millones de euros por una infracción muy grave, frente al máximo de 300.000 euros de la normativa española.
El tercer asunto que ha reseñado la consejera ha sido el canon vitícola, popularmente conocido como ‘el impuesto revolucionario del vino’, que estaba obligado a aportar todo el sector para la promoción del mismo, y que supone “una pesada carga impositiva”, ha asegurado María Luisa Soriano, que ha apostado por que cada bodega o cooperativa decida en qué invertir su dinero.
Además, ha recordado que la actual Organización Común de Mercado (OCM) del Vino ya contempla fondos para la promoción en terceros países, y que a partir de 2015 también se habilitarán partidas para promoción en los países miembros de la UE. La titular de Agricultura de Castilla-La Mancha ha recordado que el sector ha pedido reiteradamente la derogación de la Ley del Vino, y ha destacado que era un compromiso de la presidenta María Dolores Cospedal, cuyo Gobierno “trabaja duramente para construir un futuro prometedor para las 90.000 explotaciones vitícolas y las bodegas de la región”. 

JCCM