La multa a Barbadillo por participar en el ‘cártel del BOB’ se reduce un 70%

Andana de botas en las instalaciones bodegueras de Barbadillo en Sanlúcar

Barbadillo se ha unido a la ya larga lista de bodegas que han logrado una sustancial rebaja de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia (ahora también de los Mercados) al sector por su participación en el denominado 'cártel del BOB', actuación que el organismo estatal zanjó con multas a nueve firmas bodegueras del Marco, su patronal Fedejerez y el Consejo Regulador por importe total de 6,7 millones de euros. 

En el caso de la bodega sanluqueña, y en línea con sus sentencias anteriores, la Audiencia Nacional confirma la existencia de la infracción, pero discrepa de la cuantía de la multa de 900.000 euros impuesta a Barbadillo y que, según su abogado defensor, Rafael Baena -director del área de Derecho de la Competencia del bufete Ashurst-, se verá reducida en más de un 70%, hasta quedarse en el entorno de los 250.000 euros. 

La estimación parcial del recurso atañe únicamente a la sanción impuesta a la bodega, que alegó en este sentido que el importe era desproporcionado. No en vano, Competencia calculó el importe en base a la facturación total de Barbadillo -la ley establece multas de hasta el 10% del volumen total de negocio en el ejercicio anterior a la imposición de la multa-. La Audiencia Nacional, por contra, considera que la multa debe ceñirse sólo a las ventas de BOB en el ejercicio anterior a la resolución, y en concreto, al 7% del volumen de las salidas de vino de marca blanca de la bodega con destino a la exportación. 

Al margen de la base para el cálculo de la sanción, la Audiencia también tiene en cuenta la incertidumbre jurídica derivadas de las actuaciones del Consejo Regulador y la Junta de Andalucía, lo que implica una menor responsabilidad de las bodegas, explicó el abogado defensor en alusión al principio de legítima confianza bajo el que actuaron los operadores. 

El alto tribunal desestima el resto de alegaciones, ya que considera probado que Barbadillo, como el resto de bodegas e instituciones del jerez sancionadas, infringieron la ley de libre competencia con su mayor o menor participación en los acuerdos adoptados para reducir la oferta de vino destinados a la exportación bajo la marca de distribuidor (BOB) con el fin de aumentar su precio, en claro retroceso por el exceso de oferta y la caída sostenida de la demanda en las últimas décadas. 

Según la resolución de la CNMC, el 'cártel del BOB' operó entre 2001 y 2008 con un periodo intermedio de reflexión de poco más de un año, en el que el organismo estatal considera, no obstante, que tuvieron continuación los acuerdos iniciales a través del plan estratégico del sector y los acuerdos sobre el cupo de ventas discriminado, objeto de otra actuación de Competencia que también se saldó con sanción al Consejo Regulador y Fedejerez. 

En las resoluciones de Competencia se señala que el cártel logró su objetivo inicial de subir los precios del BOB, lo que atrajo a otros operadores que provocaron una nueva desestabilización del mercado, de ahí la modificación del cupo de ventas y demás acuerdos 

Rafael Baena está convencido de que la Comisión Nacional de la Competencia recurrirá el fallo de la Audiencia Nacional ante el Supremo, por lo que "aún queda batalla, porque no hemos conseguido reducir la multa al máximo, para lo que hay margen", puntualizó. Barbadillo, de momento, no ha decidido si ejercerá también su derecho a presentar recurso de casación. 

En este sentido, el letrado del despacho Arhust -con oficina en Madrid- explicó que "la Audiencia ha entrado en argumentos jurídicos con más detalle" -que en anteriores sentencias por el 'cártel del BOB'- y añadió que "el alto tribunal se equivoca en su análisis de un mercado como el del vino de Jerez, ya que no entiende la necesidad de establecer un cupo", entre otras medidas básicas para el normal funcionamiento de una Denominación de Origen. 

Cabe recordar que Competencia desembarcó en el Marco a raíz de la denuncia presentada por Nueva Rumasa, entonces en manos de la familia Ruiz-Mateos, por la aprobación del cupo de ventas discriminado. Y el organismo estatal encontró un filón en las inspecciones realizadas en el Marco, ya que la documentación intervenida dio pie a la apertura de otros dos expedientes sancionadores: el del 'cártel del BOB' en el que se enmarca la sanción a Barbadillo y el de los acuerdos del precio de la uva y el mosto, en el que se vieron implicadas también las organizaciones de productores. 

 

En conjunto, el sector debía hacer frente a sanciones por una u otra causa de 7,6 millones que la Audiencia Nacional ha reducido considerablemente al estimar parcialmente los recursos de los operadores afectados, que denunciaron en su día el "exceso de celo" y el "afán recaudatorio" del organismo estatal.