Jugarse el futuro con el olivar tradicional
Durante estos días miles de agricultores de toda España están saliendo a las calles para defender unos precios justos para sus productos, entre ellos los olivareros que, tras el cosechón de la campaña 2018/2019, han visto como caía estrepitosamente el precio del aceite de oliva muy por debajo de los costes de producción, lo que en muchos casos, donde se depende en exceso de este maravilloso zumo (Jaén, zonas de Córdoba, sur de Ciudad Real), deja las economías familiares del área más que maltrechas. No ocurre igual con el 28% de las explotaciones cultivadas en extensivo o super intensivo en los que los costes de producción son más aquilatados, y a la par resultan más rentables.
Un total de 2,62 millones de hectáreas de olivar hay en España con 350.000 viticultores propietarios de algo más de 570.000 parcelas y una extensión media algo superior a las cuatro hectáreas y media. El sector mueve cerca de 5.500 millones de euros y existen más de 3.000 almazaras y envasadoras que dan empleo a miles de personas.
Desde una óptica productivista podríamos optar por arrancar olivos, convertir en un desierto cientos de miles de hectáreas, despoblar más la España vaciada y convertir las grandes ciudades en una guarida aún mayor de guetos inmundos. Pondríamos de esta forma nuestro granito de arena para incrementar los incendios, rebajar las posibilidades de captación de CO2, cargarse el medio ambiente, respirar peor, aumentar el riesgo de sequía y, en definitiva, vivir peor.
La pregunta es qué puede hacerse desde las distintas Administraciones y los consumidores por revertir la situación si es que se quiere salvar este sector que, a juicio de muchos expertos, mantiene el paisaje y aporta riqueza. Es un buen primer paso que la Administración central se comprometa a que no existan ventas a pérdidas, pero no es suficiente.
La Unión Europea tiene la obligación de defender la vida de sus ciudadanos mediante ayudas desacopladas de la producción para el mantenimiento de unos árboles y un entorno que nos beneficia al conjunto de los ciudadanos. El Gobierno debería estudiar las posibilidades de bonificaciones fiscales a los agricultores menos pudientes y a aquellos que decidan mantener sus campos de olivos tradicionales. Y los consumidores debemos acostumbrarnos a pagar un poco más por la grasa vegetal más saludable del mundo, quizás con una mención especial a la proveniente de olivar tradicional.
El aceite de oliva debe dejar de ser, junto a la leche, el producto reclamo de todas las grandes superficies. El sector debe explicar, de manera didáctica, al conjunto de la población, las ventajas para la salud del uso del aceite de oliva, las ventajas para el bolsillo que tiene puesto que permite hacer más de diez frituras con garantía frente a una sola de los aceites de semillas y las cualidades organolépticas del aceite de oliva virgen extra y la riqueza de variedades que España ofrece. E intentar salvar un patrimonio natural cuya recesión afectaría muy negativamente al conjunto de la población.
Periodista. Miembro de AEPEV y FIJEV
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