Bloqueo parlamentario del cuerdo UE-Mercosur: un choque entre ley, economía y geopolítica

Con un estrecho margen de solo 10 votos, el Parlamento Europeo ha decidido paralizar el procedimiento de ratificación del acuerdo comercial con Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que evalúe su validez jurídica. Esta votación, celebrada el 21 de enero, congela un tratado que lleva 25 años negociándose y podría retrasar su entrada en vigor definitiva entre 18 y 20 meses. La decisión se produjo en un clima de alta tensión, con miles de agricultores protestando a las puertas del hemiciclo en Estrasburgo, y refleja una profunda división interna en la Unión entre quienes priorizan la protección sectorial y quienes abogan por la apertura comercial y la estrategia geopolítica.

El núcleo del conflicto no es el contenido económico del pacto, sino su arquitectura legal. El Parlamento cuestiona principalmente la decisión de la Comisión y el Consejo de dividir el tratado en dos partes separadas: un acuerdo puramente comercial y un Acuerdo de Asociación más amplio. Los críticos ven en esta división un artificio para eludir el necesario escrutinio de los parlamentos nacionales en áreas sensibles. Además, existe gran preocupación por una cláusula de «reequilibrio» que, según los eurodiputados opositores, podría limitar la futura autonomía regulatoria de la UE en materia medioambiental o sanitaria, por miedo a enfrentar represalias comerciales.

El voto dividió a los estados miembros en dos bandos claros. Países como Francia, Austria y Polonia lideraron la oposición, argumentando que el acuerdo perjudicaría fatalmente a sus agricultores al permitir la entrada de productos como la carne o el azúcar, producidos bajo estándares menos exigentes. En el lado opuesto, Alemania, España y Portugal, respaldados por la gran industria, defendieron el acuerdo como una oportunidad crucial para sectores como el automóvil, la maquinaria y el vino, y como una herramienta vital para afianzar la influencia europea en América Latina frente a China y Estados Unidos.

Uno de los sectores más decepcionados por el bloqueo es el vitivinícola europeo. El Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV) lamentó la decisión, ya que la demora mantiene a las bodegas expuestas a elevadas barreras comerciales en un mercado clave. Actualmente, los vinos de la UE pagan aranceles de hasta el 27% en Brasil, lo que se tradujo en un coste de más de 43 millones de euros solo en 2024. Los productores italianos y españoles subrayan que este retraso es un lujo que no pueden permitirse, especialmente en un momento en que las exportaciones a otros mercados tradicionales muestran signos de debilidad.

Ante el bloqueo parlamentario, la atención se centra ahora en una posible vía alternativa: la aplicación provisional del capítulo comercial. Esta medida, que ya cuenta con el respaldo del Consejo Europeo, podría activarse una vez que al menos un país del Mercosur ratifique el acuerdo. Brasil ha tomado la iniciativa, enviando el texto a su Congreso para su ratificación exprés, en un claro movimiento político para presionar a Europa. No obstante, la Comisión Europea se encuentra en una posición delicada, ya que impulsar la aplicación provisional en medio de masivas protestas agrícolas conlleva un elevado riesgo político.

Este bloqueo trasciende lo comercial y se erige como un síntoma de las tensiones estructurales de la UE. El dictamen del TJUE, que se espera en más de un año, no solo decidirá el destino de este acuerdo específico, sino que sentará un precedente crucial sobre cómo la Unión puede negociar futuros tratados complejos. La resolución final deberá equilibrar la soberanía nacional y las demandas de protección interna con la proyección económica y la ambición geopolítica de la UE en un mundo cada vez más competitivo. Mientras tanto, tanto agricultores como industriales permanecen en una incertidumbre costosa.

Redacción

Redacción La Gaceta del Vino