Las alcoholeras tachan de “inviable” la destilación aprobada por el Consejo de Ministros
El presidente de la Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcoholes y Aguardientes Vínicos (Adevin), Francisco Ligero, considera “inviable” la aplicación de la destilación de crisis aprobada el pasado martes en Consejo de Ministros “al no haber tiempo suficiente para llevarla a cabo”.
El Gobierno aprobó, en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, medidas extraordinarias por valor de 90,5 millones de euros para paliar los efectos de la covid-19 en el sector del vino. Entre las medidas están la destilación de crisis, el almacenamiento privado y la cosecha en verde.
La Interprofesional del Vino de España (OIVE) agradece que el Ministerio haya tomado nota de las medidas que le propuso aplicar desde el comienzo de la crisis, pero consideran que “ha faltado una inyección presupuestaria adicional para haber tenido un mayor alcance”, afirma su presidente, Ángel Villafranca, hecho que ya ha ocurrido en otros países de la Unión Europea. Además, recuerda que con este plan lo que se ha hecho no es sino “habilitar el empleo de los fondos del PASVE que ya estaban destinados al sector y que le corresponden por derecho propio”.
La medida que se lleva la mayor partida presupuestaria, con 65,5 millones de euros, es la destilación de crisis, con la que se podrán destilar 2 millones de hectolitros. Los vinos con denominación de origen tendrán una ayuda de 40 euros por hectólitro y 30 euros por hectólitro el resto de vinos.
Ligero acusa a la Administración de “precipitación y falta de previsión, ya que es imposible crear un contrato, formalizar un aval y presentarlo en tiempo y forma con ocho días hábiles, que son los que hay entre la entrada en vigor de la medida y el 23 de junio”.
A su juicio, el Ministerio de Agricultura podría haberse fijado en el espejo de sus vecinos franceses que han añadido un 15% al presupuesto comunitario, mientras España ha aportado, según sus palabras, cero euros. Acusa también a la Administración de no haber puesto precio a la destilación y al vino, tal como está haciendo el Gobierno francés, “sino que nos traslada a nosotros la patata caliente para que negociemos con bodegas y cooperativas”.
Ligero asegura que están dispuestos a destilar a cinco euros el hectolitro (0,05 euros el litro) de vino, nos da igual que sea el de mayor calidad que se pagará a 40 euros hectólitro, que el otro que será a 30 euros hectolitro, “aunque estemos rayando el precio de coste”.
Ligero estima que alargar el plazo hasta el 30 de junio, aunque sea ajustado, sería bueno para llevar a cabo la operación, ya que es posible que haya que realizar ajustes sobre la oferta, que también redundarán en los avales solicitados que son del 110% de la petición.
Las otras dos medidas, tanto el almacenamiento privado como la cosecha en verde, se han establecido sólo para los vinos amparados bajo alguna figura de calidad.
El almacenamiento privado, por su parte, dotado con 15 millones de euros, sólo se podrá destinar para un total de 2,25 millones de hectolitros y exclusivamente de vinos con denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida que, según afirman desde el Gobierno, con la recuperación del mercado, retomarán su cotización y ritmo de ventas.
Las bodegas se beneficiarán con un importe de ayuda de 0,027 €/hl de vino y día de almacenamiento, para un periodo de 180 días en todos los vinos, que puede ampliarse hasta los 270 o 360 días en caso de tintos. Según se ha estipulado, los almacenamientos serán en depósito o almacén precintable, salvo para los espumosos que, por su proceso de elaboración, podrán ser almacenados en botella.
En cuanto a la cosecha en verde, con una dotación de 10 millones de euros, se podrá desarrollar en aquellas comunidades autónomas que así lo decidan para parcelas amparadas bajo denominaciones de origen protegidas.
Desde la OIVE, Villafranca recuerda que “curiosamente hace un año presentamos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una batería de medidas que buscaban dotar de mayor estabilidad y calidad a toda la cadena de valor del vino. A partir de esta propuesta, el Ministerio de Agricultura elaboró una hoja de ruta y un borrador de Real Decreto de norma de comercialización, pero con la crisis de la covid-19 la tramitación se paralizó”.
Texto: José Luis Murcia y Susana Molina
Redacción La Gaceta del Vino
También te puede interesar
Suscribirse
Reciba nuestras noticias en su email