Que treinta días no es nada…

Parodiando al famoso bolero “Volver”, me parece poco, muy poco, el plazo de 30 días para pagar la uva.
Mucho me temo que por apretar tanto, lo que se va a conseguir es que, una vez más, la picaresca nos lleve a que se cumpla de forma desigual, como ocurre muchas veces.
Creo que además es discriminatorio, ya que solo afecta al sector privado. “Es lógico”, me dirán ustedes; las cooperativas no compran uva ya que utilizan la propia. (Dejamos aparte las cooperativas que si compran uvas, ya que esas, en ese producto, están igualmente dentro del sector privado). Al final, empresario privado va a intentar dar la vuelta a esta norma para lograr un plazo mayor.
El quebranto para empresas que cogen millones de kilos de uva es grande, muy grande, lo que indudablemente en muchos casos encarecerá el vino, al tener que acudir a una financiación tan rápida para disponer del dinero necesario. ¿A quién va a repercutir ese incremento?
Al consumidor final o al proveedor inicial, no hay otra: incrementando el precio final del vino (cosa difícil) o bajando el precio a pagar por la materia prima. O tal vez se pueda acordar con el agricultor que el dinero que cuesta esa financiación, mediante acuerdo de una u otra manera, repercuta en el precio de la uva.
Leo, por otro lado, que esta normativa no va con las uvas que vayan destinadas a vino calificado. No sé si también se incluye la uva que se destine a vinos de la tierra, por ejemplo. Para la uva de vino calificado, entendí, el plazo no comienza a contar hasta que el vino haya sido considerado como válido por sus cualidades para ser calificado por esa denominación. Si es así, mucho me temo que es una vía de escape. La uva, toda, se puede tomar para calificarla como D.O. o para destino de vino de la tierra. En ese caso los plazos de amplían. Después, simplemente, hay que descalificarlos.
Son cosas que apunta la gente, simplemente para intentar darle la vuelta a esta normativa, para ellos, injusta. No es nuestra labor calificarla de justa o injusta, depende de la parte que lo mire. El agricultor estará encantado con esta propuesta. Incluso se puede volcar más a vender uva que a llevarla a cooperativa si sabe de antemano que va a tener un pago tan rápido.
Los contratos previos a la vendimia son otra cosa que va a ser controvertida. Hay que poner el precio antes de empezar a tomar uva, de acuerdo, eso es justo, se mire como se mire. Antes de vender algo es normal que conozcas el precio de venta. Pero en este mercado tan “raro” que tenemos, y tan cambiante, puede haber situaciones en las que al mismo agricultor no le convenga cerrar precio antes de la vendimia. Es más que normal tener vendimias en los que el precio de la uva se incrementa conforme pasa la vendimia, por pudriciones, mal cálculo de cosechas, expectativas buenas, etc. No es raro que la uva comience a dos y termine a tres o a cuatro. Hasta ahora, la inmensa mayoría, por no decir todas las bodegas, al final pagaban el mismo precio a todos, sean de los primeros o de los últimos. Pero si hay un contrato por medio, estimo que esto no va a ser así y se pagará el precio del contrato, por lo que se puede perjudicar el agricultor.
Por tanto, una normativa, cuanto menos, controvertida que iremos desgranando de aquí a la vendimia.
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Javier Sánchez-Migallón
Director Ediciones Albandea y El Correo del Vino
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