Los expertos animan a Rajoy a cruzar la línea roja de impuesto especial al vino

En buena se ha metido el Gobierno con el trabajo que un grupo de expertos ha realizado sobre la futura reforma fiscal.

Nada más ver la luz, la todopoderosa vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se apresuró a decir que el asunto de la vivienda y la posibilidad de que tribute como renta, además de IBI, IVA, impuesto municipal sanitario, impuesto autonómico a la exportación por doble vía (Hacienda y Sanidad), denominaciones de origen o certificadoras privadas y otras cosas, es una opinión de quienes han realizado el estudio, pero que el Gobierno no va a dar ese paso. ¿Y con el impuesto especial sobre el vino, qué?

Uno de los caballos de batalla de este Gobierno, espoleado por barones como María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha, o Pedro Sanz, en La Rioja, ha sido siempre el sector del vino. Constantemente, tanto uno como otro, se han arropado con el sector para asegurar que frente a las “tropelías” de los distintos Gobiernos socialistas, identificados con Elena Salgado y algún senador por Castellón de cuyo nombre no deseo acordarme, ellos iban a ser los paladines de la defensa del vino, con Arias Cañete, “El Embotellador” (por su afán de vender todo el vino en botellas, para eso es también el titular de Medio Ambiente) a la cabeza.

Sin embargo, el vino, definido como alimento en la legislación española, no tributa como tal en el IVA y es menos competitivo, ya que carga 11 puntos más que cualquier otro alimento.

Pero ocurre que el Comité de Expertos considera que el sector debe soportar un impuesto especial de alcoholes, casi simbólico eso sí, como en Francia. Si el Gobierno decide al final implantar ese gravamen es seguro que va a vender que se trata de un impuesto más de control que recaudatorio como indicaría el ejemplo francés cuya cuantía asciende a 3,72 euros por hectolitro. O lo que es lo mismo, tres céntimos de euro por botella.

Así, a simple vista, parece una cuantía irrisoria, pero es que las bodegas soportan demasiada carga fiscal y, sobre todo, demasiada burocracia, lo que incrementa notablemente sus gastos administrativos, ya que deben lidiar con Hacienda, Sanidad, Exteriores, Agricultura, Medio Ambiente y órganos regionales competentes, para tener al día sus obligaciones administrativas que son más o menos equiparables a las de la antigua URSS.

Cierto es que, aparte del IVA, el Estado tenía la sensación de que el sector del vino podía escaparse a determinados controles, que han sido subsanados con los avisos informáticos nacional e intracomunitario, las guías de exportación de los vinos que van a países terceros, los pagos a Sanidad cada vez que sale una partida para muchos de esos países…Y ahora, puede que la puntilla venga con la apuesta de los expertos para cercar aún más el control sobre una de las pocas actividades económica que, gracias a la exportación, y, en menor medida, a la alimentación, va tirando.

La competitividad es tal que las bodegas no tienen otro camino que reducir sus márgenes comerciales, ya que perder en calidad les supone quedar fuera del circuito. Ponerles un lazo más en sus maltrechas piernas puede ser un empujoncito para matar la gallina de los huevos de oro. Y mientras el otro diciendo que hay que embotellar para generar más valor añadido ¿Con qué recursos, maestro Cañete?

José Luis Murcia Periodista. Miembro de AEPEV-FIJEV. Artículos Relacionados

José Luis Murcia

Periodista. Miembro de AEPEV y  FIJEV