La crisis acaba de empezar

El sector bodeguero, que durante años ha abierto mercados en el exterior, asiste atónito a la carrera de despropósitos del Gobierno

Bill Gates puso el dedo en la llaga durante su comparecencia en la tercera jornada del Foro Económico Mundial celebrado hace pocos días en Davos (Suiza). El fundador y ex presidente de Microsoft, dedicado actualmente por completo a labores filantrópicas, declaró que la actual crisis tiene visos de prolongarse durante un periodo de cuatro años antes de que la economía vuelva a tasas de crecimiento positivas, y subrayó que la innovación en ciencia y tecnología será determinante para la recuperación económica.

A diferencia de otros, Bill Gates no ha aprendido economía en dos tardes, ni necesita fingir un falso optimismo ante la situación financiera más grave de las últimas décadas, ni precisa persuadir a nadie de que el escenario mejorará a partir de marzo o abril. Después de crear 80.000 puestos de trabajo directos en más 102 países y de consolidar una de las grandes fortunas del mundo, tiene la suficiente independencia y credibilidad como para que sus opiniones económicas merezcan ser tenidas en cuenta. Y Bill Gates ha dicho que la crisis podría extenderse durante los próximos cuatro años antes de volver a la senda del crecimiento. Sin paños calientes y sin mentiras. Si a esa consideración le añadimos que la situación política y económica en España es especialmente compleja, con la tasa de desempleo más alta del mundo desarrollado (el 14%), con una dependencia irracional del ladrillo, un déficit exterior galopante, una burocracia hipertrofiada, un mercado laboral excesivamente rígido, una tensión territorial creciente, una productividad bajo mínimos, y un sector investigador paupérrimo (en ningún momento estimulado desde la Administración, pese al discurso oficial), nos encontramos con un panorama verdaderamente difícil, del que, a corto plazo, no se vislumbra la solución.

Mientras el “silencio de los corderos” se ha impuesto entre la clase política, empresarial y sindical, la tasa de paro se dispara ya en Andalucía o Canarias por encima del 22% y supera los dos dígitos en la mayor parte de las comunidades autónomas. España está cayendo en picado sin que, prácticamente, nadie levante la voz. Los manifestantes en las calles enarbolan las banderas de Palestina, Israel o Cuba -sin duda un saludable ejercicio democrático-, pero callan ante la debacle del sistema productivo español y las oleadas masivas de despidos. El Parlamento sigue de vacaciones un mes después de que terminara la Navidad y el hemiciclo se ha trasladado a Prado del Rey donde se representa el conocido sainete “Señor presidente, tengo una milonga para usted”.

El sector bodeguero

Algunos de los sectores económicos más dinámicos de la economía, como por ejemplo el bodeguero, que durante años han abierto mercados en el exterior para hacer frente a la caída constante del consumo interno, asisten atónitos a esta carrera de despropósitos, frente a la que, hasta el momento, el Gobierno tan sólo ha adoptado medidas fundamentalmente dirigidas a maquillar los balances de bancos y cajas.

Después de que durante más de una década las bodegas españolas hayan realizado inversiones multimillonarias para modernizar sus sistemas productivos, renovado su imagen, alcanzado altas cotas de calidad, y creado miles de puestos de trabajo directos e indirectos, se encuentran con que el dinero de los bancos no les llega o lo hace con cuentagotas. Por si fuera poco, el Gobierno no ha tenido otra ocurrencia que delegar en las entidades financieras la concesión de préstamos de los fondos procedentes del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en lugar de hacerlo directamente sin trabas ni intermediarios, como ha ocurrido en otros países del resto de Europa.

En realidad, el Gobierno apenas ha puesto en marcha, hasta el momento, una sola idea digna de tal nombre, más allá de parches y de abundante propaganda. Hay una serie de medidas sencillas, en cambio, que el Ejecutivo podría haber adoptado para mejorar la salud de las empresas y evitar la continua pérdida de puestos de trabajo. En primer lugar, por lo que se refiere al ámbito vitivinícola, podría haber evitado la criminalización del consumo del vino en las campañas de la Dirección General de Tráfico. No lo ha hecho. En segundo término, podría haberse acostumbrado a pagar sus facturas a 30 ó 60 días (como ocurre en Francia o Alemania) en lugar de pagarlas a 120 ó 150 días, aminorando así la actual dinámica empresarial de impagados. No lo ha hecho. En tercer lugar, podría haber concedido a las empresas y autónomos el aplazamiento fraccionado del pago del IVA sin recargo y mediante unos márgenes temporales más amplios, dada la excepcionalidad del momento económico. No lo ha hecho. En cuarto lugar, podría haber reducido las cotizaciones sociales empresariales, algo que piden a gritos desde hace años nuestras empresas. No lo ha hecho. En quinto lugar, podría haber flexibilizado el mercado de trabajo mirando las necesidades empresariales objetivas y no sólo el cálculo electoral. No lo ha hecho. En sexto lugar, podría haber mejorado sensiblemente la cobertura social de los autónomos para estimular el autoempleo. No lo ha hecho…

Todas esas medidas y muchas más que el espacio de este artículo no permite desarrollar podrían haber evitado miles de impagados, rescisiones de contratos y cierres de empresas, sin merma de la recaudación, ya que es mucho más caro y dañino para el Erario público la destrucción de un puesto de trabajo (que elimina ingresos fiscales y obliga a costear las prestaciones por desempleo) que su mantenimiento con una fiscalidad menor. Ahora bien, el Gobierno debe estar convencido de que si tomara las medidas económicas necesarias para contrarrestar la crisis caería en picado en los sondeos. Por eso, tal vez, sencillamente, no sólo no lo ha hecho sino que no lo va a hacer. Y, seguramente, eso es lo más grave de la crisis económica que acaba de empezar.